Mediante decreto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, renovó las licencias de funcionamiento a siete salas de bingo y tragamonedas que tenían vencimiento entre 2008 y 2011 sin haber mediado llamado a licitación. La decisión trajo consigo mucha polémica y sospechas.
Los diputados por la Coalición Cívica calificaron de "escandalosa" esta resolución y amenazaron con recurrir a la Justicia. En caso de que esta iniciativa prospere dicho decreto podría ser considerado anticonstitucional. Por su parte el gobierno bonaerense justifica esta prórroga por “la imposibilidad técnica para efectuar el recambio del hardware y software [de las máquinas de las salas de bingo y tragamonedas] en lo inmediato frente a la exigüidad del plazo de vencimiento de los instrumentos contractuales vigentes”.
Desde la oposición declaran que con este decreto el gobernador de renovar licencias a salas de bingo y tragamonedas, les quitó dinero a los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social y aumentó la caja del Instituto Provincial de Lotería y Casino, el cuál consideran un ente poco controlado. “Es abiertamente inconstitucional, ya que se supone que el dinero debe ir a mejorar áreas clave de la administración pública y no a un ente sobre el que hay poco control”, declaró un diputado.
El negocio de los bingos y tragamonedas deja millones de dólares por año y tras esta decisión queda claro que hay en juego muchos intereses que poco tienen que ver con el bienestar de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. La decisión se toma en línea con los fuertes vínculos que los empresarios del juego mantienen con la primera línea del poder nacional. Varios de los concesionarios han sido fuertes aportantes en las campañas electorales y han logrado funcionar con grandes ventajas a la hora de las licitaciones. Codere, por ejemplo, es una de las más beneficiadas en el territorio nacional. También se beneficiaron las salas de bingo y tragamonedas gestionadas por Del Valle, Ferrari, Grupo Blaquier, Intermar Bingos-Codere, Laquaniti, Mautone. Según un informe elaborado por los diputados que siguen este tema el negocio del juego en la provincia moverá este año más de 8.000 millones de pesos, de los cuales sólo 1/3 va a parar a manos del Estado.