Mediante decreto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, renovó las licencias de funcionamiento a siete salas de bingo y tragamonedas que tenían vencimiento entre 2008 y 2011 sin haber mediado llamado a licitación. La decisión trajo consigo mucha polémica y sospechas.
Los diputados por la Coalición Cívica calificaron de "escandalosa" esta resolución y amenazaron con recurrir a la Justicia. En caso de que esta iniciativa prospere dicho decreto podría ser considerado anticonstitucional. Por su parte el gobierno bonaerense justifica esta prórroga por “la imposibilidad técnica para efectuar el recambio del hardware y software [de las máquinas de las salas de bingo y tragamonedas] en lo inmediato frente a la exigüidad del plazo de vencimiento de los instrumentos contractuales vigentes”.
























